divendres 21 d’agost de 2009

La verdad silenciada de Honduras (Vicenç Navarro)


La interpretación más generalizada del porqué hubo un golpe militar en Honduras (reproducida en los cinco rotativos de mayor distribución en España) es que este ocurrió para parar el intento del presidente Zelaya de “perpetuarse en el poder”. El diario más activo en la promoción de esta explicación del golpe militar ha sido La Vanguardia cuyo corresponsal en América Latina, Joaquim Ibarz, entrevistó nada menos que al general que realizó el golpe, Romeo Vásquez, dándole la oportunidad de que lo justificara, indicando que la intervención militar era plenamente constitucional, necesaria para impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. Ibarz entrevistó también al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, que justificó también el golpe refiriéndose a la necesidad de recuperar la legalidad, interrumpida por el presidente Zelaya. Es interesante subrayar que hace 70 años, en España, La Vanguardia –entonces llamada La Vanguardia Española (propiedad de la familia Godó, que apoyó el golpe militar de 1936)– justificó el golpe del general Franco contra el Frente Popular, con argumentos semejantes a los utilizados ahora por los golpistas en Honduras. Según La Vanguardia Española (18-07-40), el Gobierno del Frente Popular, democráticamente elegido, había violado la Constitución, siendo necesario su derrocamiento por parte del alzamiento nacional para recuperar la legalidad.


El sesgo conservador de la cobertura mediática de lo que ocurre en Honduras explica que ninguno de aquellos cinco rotativos haya entrevistado a personalidades hondureñas conocidas por su oposición al golpe militar. De haberlo hecho, tal como lo han hecho varios medios en EEUU, los lectores de tales rotativos tendrían información de la que hoy carecen. Además de entrevistar al cardenal progolpista, Óscar Rodríguez Madariaga, La Vanguardia podría haber entrevistado, por ejemplo, al arzobispo hondureño de Copán, Luis Alfonso Santos Villena, quien en las entrevistas que dio al Catholic News Service (04-08-09) y a la cadena de televisión CNN (06-08-09) indicó que “algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es de que defendió a los pobres. Esta es la razón por la que ahora están en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya”.


El presidente Zelaya, entre otras muchas medidas populares, dobló el salario mínimo, medida que enojó a la patronal hondureña; proveyó comidas gratuitas en las escuelas (el 72% de los niños hondureños en zonas rurales tienen problemas de malnutrición) y vetó la propuesta de la Asamblea Nacional de prohibir la utilización de la píldora postcoital. Estas políticas cambiaron la actitud de las clases populares hacia el Gobierno Zelaya. Tal como señaló el dirigente campesino Rafael Alegría, “Zelaya dio esperanza al pueblo”. Los sindicatos y campesinos, así como la población indígena, fueron apoyando a Zelaya que, al proceder del establishment hondureño, había tenido a tales sectores en contra. Pero en la medida que estas fuerzas populares fueron apoyando a Zelaya, la oligarquía fue movilizándose para parar tal proceso. Tal como indicó el arzobispo Luis Alfonso Santos: “Es un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña. En realidad, nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, escogidas por los ricos del país. Somos el país más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población participe en las decisiones”.


En realidad, incluso el Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre los “Derechos Humanos en Honduras en 2008” había indicado que “aunque la Constitución (hondureña) habla de un sistema jurídico independiente, tal sistema está muy poco financiado con muy escasos recursos, sujeto a una corruptela clientelar y a múltiples influencia políticas. La Corte Suprema nombrada por los dos grandes partidos carece de autonomía y está claramente influenciada políticamente, dentro de una cultura de corrupción”. Fue esta Corte Suprema la que ordenó la detención del presidente siguiendo las órdenes de los dos partidos políticos que dominaban la Asamblea Nacional.El nuevo presidente, Roberto Micheletti, fue una voz poderosa durante la dictadura militar y el Gobierno autoritario que le siguió. Según The New York Times (08-08-09), su jefe de campaña en las últimas elecciones, Billy Joya, fue dirigente de la Policía política en los años ochenta, responsable de las torturas y desapariciones que caracterizaron aquel periodo. Hoy es asesor del nuevo Gobierno golpista en temas de seguridad. Como señaló el arzobispo Luis Alfonso, “las personas detrás del golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales por falta de medicinas” (entrevista del 29 de julio en la radio jesuita Progreso). El nuevo Gobierno ha iniciado una brutal represión que no ha podido parar las continuas movilizaciones populares y huelgas en contra del golpe.


En EEUU, el máximo defensor del Gobierno golpista es el abogado Lanny Davis, que representa a la Cámara de Comercio de Honduras y que fue, en su día, el representante legal de la dictadura paquistaní del general Musharraf. Hoy asesora, también, al mundo empresarial estadounidense en su intento de hacer fracasar la propuesta de ley que facilitaría la sindicalización de los trabajadores en EEUU. Fue también asesor del presidente Clinton y de la candidata Hillary Clinton, que hoy es la persona del Gobierno de Obama más tolerante con el Gobierno golpista. Todos estos datos son desconocidos por los lectores de aquellos cinco rotativos.


Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Policy Studies en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso

dimecres 22 de juliol de 2009

Izquierda social y abstención

Article de Carlos Taibo a Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1424/izquierda-social-y-abstencion/

Las pensiones son viables (Vicenç Navarro)

Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.

1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona viveTales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.

2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases socialesOtro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.

3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivoEste es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficasCualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.

Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).

Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.

Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB.

Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.

divendres 29 de maig de 2009

Comunitat AEP-Dret i Polítiques respecte els fets del Dijous 26 de Març

El grup de facultat d’AEP-Dret i Polítiques de la Universitat de Barcelona condemna enèrgicament l’amenaça de bomba produïda el darrer dia 26 de març a la nostra facultat. A més, desmentim obertament les acusacions del degà de la facultat (Enoch Albertí) que impliquen als membres de la assemblea de dret i polítiques en aquest assumpte. Un dels fets que desmostren que aquesta acusació és falsa és que a la mateixa hora en que es va produir l’amenaça hi havia previst un acte organitzat per la mateixa assemblea.


També condemnem la actitud despòtica del degà de la nostre facultat davant els fets del dia 26 i durant el transcurs de la tancada protagonitzada pels estudiants de la facultat els dies 24 i 25. Amb el seu to amenaçant, va demostrar una falta de voluntat de diàleg que va acabar corroborant amb la expressió: “mentre passin coses com aquestes ja no parlo més amb vosaltres”.


L’AEP ha recolzat i recolzarà les accions de la assemblea i protesta davant els reiterats intents de les institucions de la UB i dels mitjans de comunicació de tergiversar la realitat del moviment estudiantil a la nostra facultat. En cap moment s’ha impedit la normalitat acadèmica del centre ni s’ha apostat per la violència com a mitjà per coacció.



Barcelona

31 de Març del 2009

dissabte 4 d’abril de 2009

COMUNICAT DE PREMSA ASSEMBLEA DRET i POLÍTIQUES

Davant els esdeveniments produits a la Facultat de Dret de la UB el dijous 26 de març, des de l’Assemblea de Dret i Ciències Polítiques volem fer les següents consideracions:

· L’Assemblea condemna fermament l’avís de bomba produït el dia 26 a les 17:00 hores, moment en el qual teníem programat un acte informatiu que no es va poder dur a terme. Neguem qualsevol vinculació amb aquest fet i lamentem que algú vulgui atribuir-nos-el, ja que com vam afirmar en un comunicat dirigit al deganat, ens comprometem a no impedir l’activitat docent. L’Assemblea sempre s’ha fet i es farà responsable dels seus actes.

· Tenint en compte que el Degà de la Facultat, el Sr. Enoch Albertí, va dirigir-se amb to bel·ligerant a membres de l’Assemblea dient textualment frases com “mentre passin coses com aquestes ja no parlo més amb vosaltres” i “això no quedarà així”, demanem que s’excusi públicament per les seves acusacions infundades i que realitzi les investigacions pertinents per aclarir els fets. En cas contrari exigiríem la seva dimissió.

· Demanem a la institució de la Universitat de Barcelona que corregeixi la seva postura i no emeti comunicats oficials amb afirmacions falses on se’ns qualifica de violents i coercitius. Al mateix temps, s’insinua que hem aturat les classes; tot i que respectem les decisions preses a les assemblees d’altres facultats, cal saber que el nostre context és diferent. En aquest comunicat de la UB es mostra una actitud dialogant que es contraposa amb l’actitud autoritària exhibida pel degà de la nostra facultat.

Assemblea de Dret i Ciències Polítiques de la UB
27 de març de 2009

http://assembleadret.blogspot.com/
assembleadretub@gmail.com

dilluns 2 de març de 2009

RESULTATS REFERÈNDUM BOLONYA

Resultats del Referèndum d'estudiants de la UB celebrat el dia 26 de febrer sobre la qüestió:

"S’ha de paralitzar l’aplicació de l’espai europeu d’educació superior per iniciar un procés de debat sobre el futur de la universitat pública?"

Facultat de Dret

Participació: 15,28 % (participació eleccions a Claustre: 11,97 %)


  • SI: 1.068, 92 %



  • NO: 83, 7,10%

En Blanc: 7; Nuls: 3


Total Universitat de Barcelona

Participació: 18,30 % (participació eleccions a Claustre: 7,20 %)



  • SI: 9.732, 93,1 %



  • NO: 610, 5,80%

En Blanc: 98; Nuls: 21


Després d'aquests resultats desitjem felicitar a tots aquells que heu votat i a aquelles persones que heu fet possible que els estudiants hàgin pogut expressar lliurement el seu posicionament envers el conegut procés de Bolonya.

La participació al referèndum ha estat representativa si la comparem amb altres convocatòries electorals a la UB (eleccions al Rector de 2008: 5,3 %; eleccions al Claustre: 7,20). No som una minoria els que demanem aturar aquest despropòsit que s´intenta aplicar a correcuita.

La pregunta avui formulada als estudiants serà duta al Claustre de la Universitat de Barcelona del pròxim dia 5 de març per a la seva aprovació.

Per la nostra part, farem tot el possible perquè aquests resultats siguin respectats i s´apliquin per part de la UB.

Moltes gràcies pel vostre suport!!!
Resultats UB: